En un país en el que durante años la economía expulsó del sistema formal a millones de trabajadores, muchos de éstos vieron en la informalidad la posibilidad de subsistencia primero y de crecimiento después. El cuentapropismo fue la única manera que un mercado restringido dejó para ellos.
Luego de años de recuperación, muchos siguen sin posibilidades de integrarse al sistema, aveces por razones económicas propiamente dichas y otras por razones culturales y políticas.
La legalidad y la legitimidad no siempre van de la mano. Una práctica que se hace costumbre pide legitimidad más allá del amparo de la ley. Manifestaciones de este tipo se han incrementado en Quilmes, repasemos:
- Alrededor de un centenar de personas se reunió en protesta al frente de la puerta del edificio de la Municipalidad cortando la calle, expresando un reclamo poco usual, el pedido de que la popularmente conocida como línea 263 paralela vuelva a cumplir con su recorrido, luego de que la Comuna decidiera cancelar los servicios por la falta de habilitación. En este marco, las aproximadamente cien personas -las que se autodenominaron trabajadores, usuarios y amigos de la línea- encabezaron una ruidosa protesta golpeando rejas y entonando cánticos como el "que vuelvan los truchos", a pesar de la decisión del Municipio que denuncia los riesgos que esto implica para los usuarios al indicar que no poseen habilitación.
- Paralelamente, una importante cantidad de personas cortó la avenida Calchaquí, esquina Lamadrid, en reclamo de la apertura del nuevo outlet ubicado allí y que fue clausurado por la Municipalidad. Es que por una orden del juez de Faltas local se dispuso que no ingrese público al predio, por lo cual las puertas permanecieron cerradas y los puestos no pudieron abrirse. En su mayoría, las personas que se encontraban en el corte eran puesteros que no pudieron abrir sus locales dentro del predio denominado Paseo de Compras Lamadrid, ya que la Comuna no les entrega la habilitación correspondiente al expresar que "no acredita la titularidad del predio".
- Hace días, un desbande de vendedores que bajo el título de ambulantes se suelen instalar con gran despliegue en la peatonal Rivadavia, provocó ayer la municipalidad de Quilmes. El aclamado control que realizaron los inspectores comunales, tuvo como reacción de parte de los vendedores un breve piquete en la avenida Hipólito Yrigoyen.
Al rato del operativo municipal, un grupito de vendedores que se molestó con la decisión municipal, cortó la intersección de Yrigoyen y Rivadavia, incluso quemando neumáticos. El comentario generalizado era que la calle más céntrica de Quilmes parecía un basurero, y su desorden se originaba en la creciente cantidad de vendedores, artesanos, gente que reparte volantes, puestos de comida, cartones, bolsas de basura, motos estacionadas, carros cartoneros, y autos que se suben a la peatonal como si fuera un generoso escenario.
En el análisis de la noticia, queda la posibilidad de plantearse cual es el rol que deberá tomar el estado, en este caso municipal, ante reclamos que parecen generalizarse, y que apelan a poner la legitimidad delante de la legalidad. Claro que antes habrá que comprobar que dicha legitimidad sea precisamente "legítima" y no la oportunidad que históricamente han aprovechado ciertos grupos de poder para sacar tajada de la necesidad ajena, lesionando el bién común en nombre de la miseria.
Luego de años de recuperación, muchos siguen sin posibilidades de integrarse al sistema, aveces por razones económicas propiamente dichas y otras por razones culturales y políticas.
La legalidad y la legitimidad no siempre van de la mano. Una práctica que se hace costumbre pide legitimidad más allá del amparo de la ley. Manifestaciones de este tipo se han incrementado en Quilmes, repasemos:
- Alrededor de un centenar de personas se reunió en protesta al frente de la puerta del edificio de la Municipalidad cortando la calle, expresando un reclamo poco usual, el pedido de que la popularmente conocida como línea 263 paralela vuelva a cumplir con su recorrido, luego de que la Comuna decidiera cancelar los servicios por la falta de habilitación. En este marco, las aproximadamente cien personas -las que se autodenominaron trabajadores, usuarios y amigos de la línea- encabezaron una ruidosa protesta golpeando rejas y entonando cánticos como el "que vuelvan los truchos", a pesar de la decisión del Municipio que denuncia los riesgos que esto implica para los usuarios al indicar que no poseen habilitación.
- Paralelamente, una importante cantidad de personas cortó la avenida Calchaquí, esquina Lamadrid, en reclamo de la apertura del nuevo outlet ubicado allí y que fue clausurado por la Municipalidad. Es que por una orden del juez de Faltas local se dispuso que no ingrese público al predio, por lo cual las puertas permanecieron cerradas y los puestos no pudieron abrirse. En su mayoría, las personas que se encontraban en el corte eran puesteros que no pudieron abrir sus locales dentro del predio denominado Paseo de Compras Lamadrid, ya que la Comuna no les entrega la habilitación correspondiente al expresar que "no acredita la titularidad del predio".
- Hace días, un desbande de vendedores que bajo el título de ambulantes se suelen instalar con gran despliegue en la peatonal Rivadavia, provocó ayer la municipalidad de Quilmes. El aclamado control que realizaron los inspectores comunales, tuvo como reacción de parte de los vendedores un breve piquete en la avenida Hipólito Yrigoyen.
Al rato del operativo municipal, un grupito de vendedores que se molestó con la decisión municipal, cortó la intersección de Yrigoyen y Rivadavia, incluso quemando neumáticos. El comentario generalizado era que la calle más céntrica de Quilmes parecía un basurero, y su desorden se originaba en la creciente cantidad de vendedores, artesanos, gente que reparte volantes, puestos de comida, cartones, bolsas de basura, motos estacionadas, carros cartoneros, y autos que se suben a la peatonal como si fuera un generoso escenario.
En el análisis de la noticia, queda la posibilidad de plantearse cual es el rol que deberá tomar el estado, en este caso municipal, ante reclamos que parecen generalizarse, y que apelan a poner la legitimidad delante de la legalidad. Claro que antes habrá que comprobar que dicha legitimidad sea precisamente "legítima" y no la oportunidad que históricamente han aprovechado ciertos grupos de poder para sacar tajada de la necesidad ajena, lesionando el bién común en nombre de la miseria.