El secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quilmes, Claudio Olivares, anunció ayer en conferencia de Prensa que reclamó oficialmente la clausura de las obras correspondientes a la instalación del barrio privado en los terrenos de la ex Rhodia (Mitre-Primera Junta-Dorrego).
Según explicó el funcionario, la determinación se fundamenta en que los desarrolladores del emprendimiento nunca terminaron de precisar y acreditar el espacio público a ceder de acuerdo a lo que especifica la Ley para este tipo de proyectos. Olivares reconoció que esta determinación desencadenó la denuncia penal que se conociera la semana pasada en su contra presentada en los Tribunales penales por los inversionistas que cuestionan esta decisión del gobierno municipal.
Olivares estuvo acompañado por Gabriela González, directora de Impacto Ambiental. Los funcionarios confirmaron que el rechazo al estudio de impacto ambiental presentado por el emprendimiento es del 25 de agosto pasado. Aseguraron no haber anunciado públicamente esta situación debido a los plazos de notificaciones e intimaciones legales vigentes.
Para Olivares, la secretaría de Obras Públicas debería clausurar el lugar y no permitir la continuidad de la obra. No obstante, el funcionario no descartó que se haga una presentación judicial ya que a criterio del funcionario “el nivel de rebeldía demostrado por los inversores del lugar ponen en duda la acción del gobierno municipal”.
Al mismo tiempo, el secretario de Medio Ambiente reconoció que el tema en discusión fue la cesión del espacio público que el emprendimiento está legalmente obligado a realizar y que a su criterio nunca terminó de acreditar. Además, recordó que “los dueños del barrio privado ‘Plaza Verde S.A.’ ofrecieron tierras en Ezpeleta y luego propusieron la apertura de la calle Paz para compensar el cumplimiento de este requisito”; pero a su criterio, “nunca lograron cumplimentarlo formal y oficialmente motivo por el cual se rechazó el estudio de impacto ambiental”.
Según explicó el funcionario, la determinación se fundamenta en que los desarrolladores del emprendimiento nunca terminaron de precisar y acreditar el espacio público a ceder de acuerdo a lo que especifica la Ley para este tipo de proyectos. Olivares reconoció que esta determinación desencadenó la denuncia penal que se conociera la semana pasada en su contra presentada en los Tribunales penales por los inversionistas que cuestionan esta decisión del gobierno municipal.
Olivares estuvo acompañado por Gabriela González, directora de Impacto Ambiental. Los funcionarios confirmaron que el rechazo al estudio de impacto ambiental presentado por el emprendimiento es del 25 de agosto pasado. Aseguraron no haber anunciado públicamente esta situación debido a los plazos de notificaciones e intimaciones legales vigentes.
Para Olivares, la secretaría de Obras Públicas debería clausurar el lugar y no permitir la continuidad de la obra. No obstante, el funcionario no descartó que se haga una presentación judicial ya que a criterio del funcionario “el nivel de rebeldía demostrado por los inversores del lugar ponen en duda la acción del gobierno municipal”.
Al mismo tiempo, el secretario de Medio Ambiente reconoció que el tema en discusión fue la cesión del espacio público que el emprendimiento está legalmente obligado a realizar y que a su criterio nunca terminó de acreditar. Además, recordó que “los dueños del barrio privado ‘Plaza Verde S.A.’ ofrecieron tierras en Ezpeleta y luego propusieron la apertura de la calle Paz para compensar el cumplimiento de este requisito”; pero a su criterio, “nunca lograron cumplimentarlo formal y oficialmente motivo por el cual se rechazó el estudio de impacto ambiental”.
Clausura Total
“Ellos dicen que nosotros no tenemos atribuciones para definir el lugar de la cesión del espacio público del proyecto -continuó el titular de Medio Ambiente. Si bien es cierto que es atribución de otra área, nosotros definimos que el espacio público debe ser utilizado por los vecinos de la zona y en el lugar donde se produce el hecho y no vamos a aceptar una manzana en otro lugar. Si bien el Municipio podría hacerlo, nuestra Secretaría recomienda no hacerlo”, indicó.
Por último, Olivares aseguró que el litigio judicial es independiente de la decisión del área de pedir la clausura total del emprendimiento.
“Ellos dicen que nosotros no tenemos atribuciones para definir el lugar de la cesión del espacio público del proyecto -continuó el titular de Medio Ambiente. Si bien es cierto que es atribución de otra área, nosotros definimos que el espacio público debe ser utilizado por los vecinos de la zona y en el lugar donde se produce el hecho y no vamos a aceptar una manzana en otro lugar. Si bien el Municipio podría hacerlo, nuestra Secretaría recomienda no hacerlo”, indicó.
Por último, Olivares aseguró que el litigio judicial es independiente de la decisión del área de pedir la clausura total del emprendimiento.
Fuente: Diario 5 Días